Piense en una frase célebre de su obra favorita. O en el título de cualquier libro, revista o documento jamás publicado. Ahora, encienda la pantalla de su ordenador, conéctese a internet, escríbalo en el rectangulito de su buscador de cabecera y... ¿cómo? ¿seguro que no está? Pues no desespere porque falta bien poco.
La carrera hacia la digitalización masiva del conocimiento es imparable. Pero, ¿quién debe liderarla? Una vez más, Google se ha puesto a la cabeza de un pelotón que secundan gobiernos, editores, bibliotecas y universidades de medio mundo. En su indisimulada ambición de condensar toda la información en su servidor, el gigante californiano ha puesto en marcha varios proyectos de digitalización reunidos en uno: Google Books. Un servicio que nace con el afán de convertirse en la versión moderna de la Biblioteca de Alejandría pero que, romanticismos aparte, cuenta con cientos de detractores y un sinfín de barreras jurídico-legales. El último, el Departamento de Justicia de EE.UU., que ha advertido contra la posibilidad de que Google esté incurriendo en prácticas monopolísticas.
Empieza el culebrón
En 2004, la compañía californiana inicia el escaneado de los fondos (unos de 10 millones de ejemplares) de una serie de bibliotecas públicas y universitarias en EE.UU. entre los que se cuentan obras de dominio público (que no presentan problemas de propiedad intelectual, pero sí de patrimonio) y obras sujetas a derecho de autor de todo el mundo. Primer problema: Google ha pactado con las bibliotecas -que ven con buenos ojos que una empresa privada se gaste el dinero en digitalizar sus archivos-, pero no con los «dueños» de las obras (autores, editores y otros titulares de derechos), que conocen, a posteriori, que sus obras han sido escaneadas.
Como es de esperar, la Asociación de Editores Americanos y el Sindicato de Autores (la Author Guild) presentan una demanda conjunta contra la compañía, al entender que está usurpando sus derechos de propiedad intelectual y explotación de las obras.
Tras años de negociación, en octubre de 2008 las tres partes llegan a un preacuerdo -todavía pendiente de aprobación judicial- por el que se establece una serie de recompensas a los titulares de derechos; entre otras: un mínimo de 60 dólares por título digitalizado. Según dicho pacto, Google puede digitalizar los libros y subirlos a su servidor. En principio, si la obra es de dominio público, el usuario puede descargarse una copia en PDF. Y si está descatalogada o si el editor le ha dado su permiso, Google puede exhibir una vista preliminar de la obra, y, en algunos casos, el texto completo.
Cuando parecía que la compañía estadounidense salvaba el primer escollo (el del copyright) en su carrera hacia la Alejandría digital, saltan las alarmas antimonopolio a ambos lados del Atlántico. Temen que en un futuro no muy lejano se haga con el control de la industria de los contenidos digitalizados.
Lluvia de apelaciones
Ante dicha situación, se produce un aluvión de más de 400 apelaciones por parte de asociaciones, escritores, herederos, catedráticos de Derecho y empresas como Yahoo, Amazon y Microsoft, que denuncian prácticas monopolísticas. Alertado por el Departamento de Justicia, el Tribunal Supremo de Nueva York, que debía sancionar el acuerdo, decide retrasar la vista del caso, prevista para el próximo 7 de octubre. El objetivo: dar más tiempo a las partes para que negocien en otros términos. Pero la cosa no queda ahí porque, aunque el preacuerdo sería de vigencia única en EE.UU., las repercusiones del plan Google son planetarias. La razón: entre los fondos digitalizados hay obras -y por tanto afectados- de todas partes del globo.
En Europa, el primer gobierno en oponerse formalmente al pacto ha sido Alemania, secundado por los editores franceses, que hace unos días se enfrentaban con Google en un tribunal de París. En definitiva, piden al juez que impida la digitalización masiva e indiscriminada de las bibliotecas públicas al considerar que vulneran los derechos de sus autores.
Por su parte, la Comisión Europea se reunió a primeros de septiembre con Google, editores, bibliotecas y otras partes interesadas para analizar el impacto de la alianza estadounidense. En principio, la mayoría -incluidos gobiernos- rechaza el modelo estadounidense (que choca abiertamente con la legislación comunitaria en materia de propiedad intelectual) y apuestan por su propio proyecto comunitario: Europeana. La digitalización de la cultura, entienden, ha de ser impulsada desde las instituciones públicas y no desde el sector privado (no debe ser un negocio).
«Prepotencia»
En España, los editores están que trinan y piden tanto al Gobierno como a la Comisión un «posicionamiento claro» al respecto. «Google está realizando una política de hechos consumados. Primero, nos pone una pistola en el pecho, nos digitaliza sin autorización; y luego, trata de negociar. La forma de actuar de Google y su prepotencia son inaceptables», recriminó en la citada audición Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España.
Además, se quejan de la falta de información (no se sabe exactamente qué obras han sido escaneadas). «En febrero le pedimos a Google que precisara qué libros habían sido digitalizados. Pero no ha habido forma. No hay transparencia, es una chapuza monumental», estima Ávila, quien insiste en que «nadie sabe a día de hoy cómo será el reparto de beneficios» en la red.
El Ejecutivo español, por su parte, ha reiterado su apoyo incondicional a la industria editorial europea. Consultado por ABC, Rogelio Blanco, director general del Libro, fue claro al respecto: «España se sitúa en el contexto de Europa, que apuesta por Europeana como la gran plataforma de la cultura europea en la red. Exigimos respeto a la propiedad intelectual y al patrimonio bibliográfico. Vivimos en un espacio de vigor editorial y no podemos dejar que nadie desde fuera lo desmorone». En palabras de Blanco, en los últimos años «se ha producido una violación de la propiedad intelectual y Google tendrá que responder por ello». De momento, los protagonistas del culebrón Google aguardan con interés la decisión del juez.
Por: ITZIAR REYERO , Madrid. CULTURA ABC:es
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